Los autónomos empiezan a ver cómo su cobertura por desempleo está cada vez más cerca. El Gobierno anunció ayer el anteproyecto de ley para la prestación por cese de actividad, que permitirá a este colectivo beneficiarse de un máximo de seis meses de protección. Precisamente lo que no gusta al sector.
La asociación mayoritaria del ramo, ATA, tildó la medida de "insuficiente". Además, partidos políticos como CiU dijeron confiar en poder corregirla en el Congreso. Cándido Méndez, secretario general de UGT, señaló que la prestación tampoco es adecuada para el trabajador La medida tiene sin embargo un largo camino que recorrer. El Gobierno manda ahora el texto al Consejo Económico y Social, que lo devolverá al Ejecutivo para que lo apruebe y empiece su trámite parlamentario. El Congreso, según las previsiones del Gobierno, lo aprobará a finales del primer trimestre de 2010, por lo que no será hasta 2011 cuando se empiecen a desembolsar los primeros pagos.
La principal queja es la restricción de la duración de la prestación. La norma prevé que el autónomo cobre un mes por cada medio año cotizado, mientras que el asalariado se beneficia del sueldo mensual por cada trimestre empleado. El doble.
El Ejecutivo plantea que sea el 70% sobre la base cotizable, pero con unos límites entre los 583 y los 1.383 euros. El autónomo deberá trabajar un mínimo de 12 meses para acceder a la retribución, y deberán haber sido continuados e inmediatamente anteriores al cese.
El director general de Economía Social, Juan José Barrera, explica que el Gobierno no se niega a aumentar el periodo de cobertura. "Preferimos empezar por una cotización razonablemente pequeña, que implica menos prestación", dice. Ahí reside el truco. El autónomo cotizará un 1% para acceder a la prestación por desempleo, aunque en unos años alcanzará el 2,5%, mientras que en un contrato fijo se paga un 7,05% (al asalariado le corresponde el 1,55%).
ATA critica también la definición de cese involuntario de actividad. Para tener derecho a paro, el autónomo debe haber perdido el 40% o más de sus ingresos, o tener unas deudas mayores al 50%. Tampoco se tiene en cuenta la morosidad de los deudores, uno de los grandes quebraderos de cabeza de este sector.
La medida es voluntaria, pero obligatoria para los que cotizan por accidentes de trabajo y enfermedades, que el Gobierno cifra en unos 540.000 pero que alcanzará el millón pronto.
Fuente : elpais
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